Los obispos españoles consideran que el texto parte “de un juicio condenatorio” hacia toda la Iglesia, sin ofrecer garantías jurídicas, lo cual consideran “un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado”. Además, señalan que excluye a 9 de cada 10 víctimas y rechazan su contenido por centrarse únicamente en la Iglesia católica ocultando “un problema social de enormes dimensiones”
SERVICIO DIOCESANO DE COMUNICACIÓN
El Consejo de Ministros aprobó este martes, 23 de abril, el “Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica”, que contempla indemnizaciones a las víctimas. Los obispos españoles respondieron a este plan reiterando su compromiso continuo de acoger, acompañar y reparar a las víctimas, así como de trabajar en la prevención de los abusos, pero expresan su desacuerdo con un plan que, siguiendo el Informe del Defensor del Pueblo, excluye a 9 de cada diez víctimas, y parte de un juicio condenatorio a toda la Iglesia. Así lo manifestaron en una nota que la Conferencia Episcopal emitió este martes y que publicamos a continuación:
NOTA EN RELACIÓN AL PLAN PRESENTADO POR EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
Madrid, 23 de abril de 2024
En relación al Plan presentado hoy por el ministro de la Presidencia, la Conferencia Episcopal Española (CEE) quiere señalar que:
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- La acción que la Iglesia viene desarrollando frente a los abusos sexuales coincide, en buena parte, con los cinco ejes de acción que este plan propone. La Iglesia trabaja ya en la línea de la acogida, la atención y la reparación de las víctimas, la prevención de los abusos, la formación de las personas y la sensibilización de la sociedad.
- En relación al plan presentado, la CEE considera que, ciertamente, son valiosas aquellas medidas que se refieren a todas las víctimas y en ese aspecto trabaja y trabajará también la Iglesia, con la experiencia que ella misma puede aportar para acoger a todos los que han sufrido y sufren esta lacra.
- Por otra parte, no se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada diez víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales.
- El texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado. Al centrarse sólo en la Iglesia católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones.
- Además, esta regulación cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales. La Iglesia va por delante en la acogida de las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación. Son los poderes públicos los que deben desarrollar medidas oportunas en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia.
La CEE ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse sólo en la Iglesia católica. También le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto.
En todo caso, la Iglesia mantiene su compromiso de continuar con la acogida a todas las víctimas de abusos sexuales, para acompañarlas y repararlas.
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