Reformas al contraluz

La situación dramática a la que ha llegado el desempleo en la prolongada crisis económica se ha convertido en la primera preocupación de la sociedad española. Y las medidas que se van tomando para la superación de la crisis en todos sus aspectos son seguidas por los ciudadanos con vivo interés en un claro contraste de pareceres. La reforma laboral suscita de modo especial valoraciones contrapuestas.

 

No es propio del obispo entrar en análisis de carácter técnico económico y jurídico y, menos aún, político de la nueva normativa laboral. Sólo pretendo con este escrito ofrecer la luz de la doctrina social de la Iglesia a cuántos estimen conveniente tener unos criterios de orientación moral a la hora de formar su juicio de conciencia. Lo que sigue está tomado del Compendio de la doctrina social de la Iglesia.

 

 

1. El derecho al trabajo

 

El trabajo es un derecho fundamental y un bien que debe estar disponible para todos los que son capaces de él. La plena ocupación es un objetivo obligado para todo ordenamiento económico orientado a la justicia y al bien común. La desocupación, por consiguiente, es una verdadera calamidad social.

 

La conservación del empleo depende cada vez más de la capacidad profesional; por tanto, el sistema educativo debe cuidar la formación humana y técnica necesaria para desarrollar con provecho las tareas profesionales. Y es necesario ofrecer cauces para la actualización permanente de la formación recibida y para la nueva cualificación de los adultos y de los desempleados, habida cuenta de la frecuencia creciente de los cambios de empleo.

 

Es deber del Estado promover políticas que activen el empleo: no tanto asegurar directamente el derecho de todos al trabajo, limitando la vida económica y la libre iniciativa, cuanto crear condiciones y oportunidades de trabajo, estimulándolas donde sea insuficiente o sosteniéndolas en momentos de crisis. Para la promoción del derecho al trabajo es importante que exista realmente un libre proceso de auto-organización de la sociedad. No obstante, teniendo en cuenta la dimensión global de las relaciones económicas y financieras y el mercado de trabajo, es necesaria la colaboración internacional entre los Estados que salvaguarde el derecho al trabajo a nivel nacional e internacional y asegure una conveniente retribución.

 

La remuneración del trabajo es el medio principal para la justicia en las relaciones laborales y para la equitativa distribución de la renta. El simple acuerdo entre el trabajador y el patrono no basta para calificar de justa la remuneración. La remuneración debe garantizar a la persona y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común.

 

La doctrina social de la Iglesia reconoce la legitimidad de la huelga cuando constituye un recurso inevitable, si no necesario para obtener un beneficio proporcionado, después de haber constatado la ineficacia de todos los demás medios de evitar los conflictos. La huelga debe ser siempre un medio pacífico de reivindicación y de lucha por los propios derechos; es moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencia o cuando se lleva a cabo en función de objetivos no directamente vinculados con las condiciones del trabajo o contrarios al bien común.

 

 

2. La solidaridad entre los trabajadores

 

Los sindicatos desarrollan una función fundamental y son un elemento indispensable de la vida social. Tienen su razón de ser en el derecho de los trabajadores a formar asociaciones para defender los intereses vitales de las personas empleadas en las diversas profesiones.

 

Las relaciones en el mundo del trabajo se han de caracterizar por la colaboración: el odio y la lucha por eliminar al otro son métodos absolutamente inaceptables. Los sindicatos son propiamente los promotores de la lucha por la justicia social, por los derechos de las personas del trabajo; su acción se dirige a la defensa del justo bien y no a luchar contra los demás. Como medios para la solidaridad y la justicia, los sindicatos no pueden abusar de los instrumentos de lucha, han de vencer las tentaciones del corporativismo y deben ponderar y autorregular las consecuencias de sus opciones en relación con el bien común.

 

A los sindicatos les corresponden también las funciones de representación, dirigida a la recta ordenación de la vida económica, y de educación de la conciencia social de los trabajadores. Las organizaciones sindicales tienen el deber de influir en el poder público, en orden a sensibilizarlo sobre los problemas laborales y a comprometerlo a garantizar los derechos de los trabajadores. No obstante, los sindicatos no tienen al carácter de partidos políticos, que luchan por el poder, y tampoco deben estar sometidos a las decisiones de los partidos políticos o tener vínculos demasiado estrechos con ellos, que pueden convertirlos en instrumentos de presión para buscar fines extraños a su propia función.

 

En el contexto socioeconómico de la globalización se requiere la renovación de los sindicatos en orden a buscar formas nuevas de solidaridad y a asumir mayores responsabilidades en defensa de los trabajadores con contratos atípicos o a tiempo determinado, los trabajadores con un puesto de trabajo en peligro a causa de las fusiones de empresas, los desempleados, los inmigrantes, los trabajadores temporales y aquellos que por falta de actualización profesional han sido expulsados del mercado laboral y no pueden regresar a él por falta de cursos para cualificarse de nuevo.

 

 

3. Situaciones nuevas en al ámbito laboral

 

El fenómeno de la globalización va introduciendo nuevas formas de producción, trasladando las plantas de producción a áreas geográficas diferentes a aquellas en las que se toman las decisiones y lejanas de los mercados de consumo. Así la propiedad está cada vez más lejos y se muestra a menudo indiferente ante los efectos sociales que producen sus decisiones. Por ello es necesaria una globalización de la tutela, de los derechos mínimos esenciales y de la equidad. Y es preciso hacer frente a la fragmentación física del ciclo productivo, con la que se pretende conseguir una mayor eficacia y mayores beneficios.

 

En los países más desarrollados el trabajo está en fase de transición desde una economía industrial a una economía centrada en los servicios y en la innovación tecnológica. La innovación tecnológica produce la desaparición de algunas profesiones y el surgimiento de otras nuevas; aumentan las actividades laborales en el ámbito de los servicios a la persona, de las prestaciones a tiempo parcial, interinas y atípicas, es decir, formas de trabajo que no se pueden encuadrar ni como trabajo dependiente ni como trabajo autónomo. Esta transición lleva consigo el paso de un trabajo dependiente a tiempo indeterminado, entendido como puesto fijo, a un trabajo caracterizado por una pluralidad de actividades laborales, que lleva consigo nuevas posibilidades pero también preguntas inquietantes ante la creciente incertidumbre de las perspectivas de empleo y la inadecuación a los actuales sistemas de seguridad social. Todo este nuevo horizonte laboral debe armonizarse con la defensa del trabajador y sus derechos.

 

La actividad productiva se ha descentralizado y asigna a empresas menores múltiples tareas antes realizadas por las grandes empresas con trabajadores dependientes. Este hecho da nuevo impulso a la pequeña y mediana empresa y favorece el surgimiento de formas nuevas de trabajo independiente con un mayor riesgo y responsabilidad. El trabajo en las pequeñas y medianas empresas, el trabajo artesanal y el trabajo independiente pueden constituir una ocasión para hacer más humana la vida laboral, siempre que se evite el riesgo de trato injusto, de trabajo mal pagado e inseguro. Cambian las formas históricas en las que se expresa el trabajo humano, pero no deben cambiar sus exigencias permanentes, que se resumen en el respeto de los derechos inalienables de la persona que trabaja. Es necesario proyectar e instaurar nuevas formas de solidaridad.

 

Mons. Carlos López, Obispo de Salamanca.

 

 

Esta página ha sido actualizada el  27/01/2014

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