Libertad religiosa, en privado y en público

Con creciente frecuencia se oye decir que en un Estado no confesional la libertad religiosa es un asunto privado y tiene que ejercerse únicamente en privado. En la misma línea de pensamiento, se defiende que la no confesionalidad del Estado excluye toda colaboración positiva con las confesiones religiosas en materia económica, así como la presencia de clases de religión en los centros públicos y la asistencia religiosa a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o en los hospitales y centros penitenciarios, etc. Es decir, los ámbitos de la vida pública deberían estar libres de toda manifestación religiosa.

Ante este estado de opinión es muy oportuno hacer ver cómo está determinado el ejercicio del derecho de libertad religiosa en nuestra Constitución y en la correspondiente Ley orgánica.

Al tratar de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, la Constitución española “garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. Y continúa afirmando que “ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

La libertad religiosa y de culto es un derecho de los individuos y de las comunidades, es personal y social, y su ejercicio público solo puede ser limitado en la medida que lo exija el mantenimiento del orden público. La limitación de las manifestaciones de la libertad religiosa en razón del orden público indica que se trata de manifestaciones religiosas en público.

La no confesionalidad del Estado da por supuesta la existencia de diversas confesiones religiosas en la sociedad española; ninguna de ellas tiene carácter estatal y todas son reconocidas. La no confesionalidad del Estado no exige que la sociedad tenga que ser laica y que en la sociedad no pueda haber manifestaciones religiosas públicas de las diversas confesiones. Es muy importante no olvidar la distinción que hace el texto constitucional entre Estado y sociedad.

Además, es obvio que la Constitución configura el derecho de libertad religiosa en el marco de una concepción social de los derechos fundamentales de las personas como “fundamento del orden político y de la paz social” “en un Estado social y democrático de Derecho”. En esta concepción social, el Estado se compromete a garantizar los derechos fundamentales y las libertades públicas y a promover su efectivo ejercicio, en la medida de sus posibilidades, para hacer realidad el bien común de la sociedad. A esta concepción social responde la afirmación sobre las “relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”, que hemos de situar en el conjunto de los principios rectores de la política social y económica, que desarrolla ampliamente la Constitución. Por ejemplo, se asegura la protección social y económica a la familia; el fomento de la educación sanitaria, la educación física y el deporte; la promoción de la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general; la conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico; la promoción del derecho efectivo a una vivienda digna; la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. La enumeración de prestaciones sociales sería amplísima en nuestro Estado social del bienestar.

En este marco constitucional resulta extraño, anacrónico y discriminatorio pretender aplicar sólo al ejercicio del derecho de libertad religiosa una concepción individualista y reductiva, que se manifiesta cuando se afirma la rotunda negativa a que “con mis impuestos” (así se oye decir) se realice cualquier aportación económica del Estado para la prestación de servicios sociales de naturaleza religiosa a los ciudadanos que libremente los solicitan. Por ejemplo, el que está ingresado en un hospital tiene derecho a solicitar asistencia religiosa; y la administración sanitaria tiene la obligación de hacerle efectivo el ejercicio de ese derecho. Por ello, la referida actitud es tan infundada legalmente y tan antisocial como sería la de aquel que, por no tener constituida una familia, impidiera que se utilicen sus impuestos para proteger económicamente a la familia; o como si el que no tiene hijos se opusiera a la financiación del sistema educativo; o como si rechazara la promoción del deporte todo aquel que no desea practicarlo. Los impuestos son recaudados por el Estado para la satisfacción de todas las necesidades que lleva consigo la eficaz consecución del bien común de la sociedad; y al Estado le corresponde su administración, de acuerdo con la ley.

Algunas personas o grupos sociales consideran que la posibilidad legal de asignar un porcentaje de los impuestos a la financiación de la Iglesia es un privilegio injustificado que se concede a los católicos. En realidad, la asignación tributaria es una facultada reconocida a todos los contribuyentes, que pueden destinarla libremente a la Iglesia o a otros fines sociales. Esta facultad general de asignación está sometida al cumplimiento de un requisito, que representa un límite. El Estado financia la actividad de otras instituciones sociales de libre pertenencia y determina las asignaciones económicas para las distintas políticas económicas, sociales y culturales sociales que requiere el bien común, sin el requisito que se establece para la asignación a la Iglesia y otros fines sociales. Sólo en estos casos se exige justificar cada vez la libre voluntad de los ciudadanos. Hay que reconocer sin embargo que esta vía de la asignación tributaria es una forma positiva de colaboración del Estado con la Iglesia, perfectamente acorde con la regulación constitucional de la libertad religiosa.

Nuestra Constitución establece también que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. Pues bien, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. Y en relación con el derecho a la educación afirma que “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos”. Más en concreto, “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

Por parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España en 1977, reconoce que “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

Obligados por esta norma del derecho internacional, los grupos sociales y políticos defensores de la escuela laica aceptaron incluir en nuestra Constitución el siguiente artículo 27.3: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa ha reconocido que este derecho de los padres puede ser ejercido “dentro y fuera del ámbito escolar”.

Por último es oportuno señalar que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa incluye en el contenido de este derecho la facultad de toda persona para “reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas de conformidad con el ordenamiento jurídico general”.

¿Puede alguien sostener razonablemente que el derecho de manifestación, de asociación o de libertad de expresión sólo pueden ejercerse en el ámbito privado? Es obvio que tal pretensión dejaría sin contenido estos derechos. Pues bien, es igualmente obvio que esos derechos están incluidos en el derecho de libertad religiosa.

Cada persona puede ejercer su derecho de libertad religiosa, positiva o negativa, en privado y en público, en cualquier ámbito de la vida social y de las instituciones del Estado. La promoción de la contraria ideología laicista carece de fundamento en la Constitución y en el ordenamiento legal.

 

Esta página ha sido actualizada el  27/01/2014

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